En las últimas décadas han sido dos los modelos sobre el mercado de trabajo dominantes: la norma social de empleo Fordista-keynesiana, que aparece después de la II Guerra mundial, se consolida en las décadas de los 50 y los 60 y entra en crisis a lo largo de los años 70, dando paso a la norma social de empleo flexible, que desde entonces aparece paulatinamente como alternativa de sustitución al modelo anterior.
Las características que definían la norma social de empleo Keynesiana en las sociedades europeas se centraban en empleos indefinidos a tiempo completo protegidos por altas indemnizaciones al despido, con continuas mejoras salariales mediante la negociación corporativa entre organizaciones empresariales y sindicales y bajo la cobertura del propio Estado y sus políticas del bienestar. Estas políticas que caracterizan esta época, garantizaban el acceso a prestaciones sanitarias, educativas y sociolaborales (rentas por desempleo, incapacidad temporal y permanente, jubilaciones…), con carreras laborales estables y continuadas alrededor de un único empleo. Todo ello, eso sí, a cambio de condiciones de trabajo exigentes e intensas, con puestos con tendencia a la descualificación y escasamente participativos.
En este tiempo se señala al empleo como el principal dispositivo de integración social, puesto que es a través del empleo cómo se consiguen los medios de vida y por tanto, supone el elemento clave de reproducción social. Bajo esta mirada, el empleo indefinido suponía la posibilidad de reducir la incertidumbre del ciudadano quien gracias a ello puede tomar decisiones vitales. Incluso desde el punto de vista empresarial el empleo indefinido era visto como un refuerzo del vínculo del trabajador con la empresa, reduciendo de este modo la incertidumbre del trabajo humano y en consecuencia su potencial conflictividad.
A partir de la crisis de los años 70 con fenómenos entonces novedosos como el de la estanflación (altas tasas de desempleo junto con altos índices de inflación), la dinámica parece cambiar de sentido. Las tradicionales recetas Keynesianas de política fiscal no solucionan el problema, y comienza a verse al Estado del Bienestar como el principal responsable. La estabilidad y seguridad de los contratos indefinidos y la alta protección social, socavan las bases de la competitividad empresarial debido a la rigidez del mercado y la gran presión fiscal que supone mantener el Estado del Bienestar. Se apuesta por la desregularización del mercado de trabajo, por su progresiva mercantilización recorriendo el camino inverso al que había trazado desde la posguerra mundial.
Las empresas trasladan sobre los trabajadores la responsabilidad de las crisis de los ciclos económicos. A los trabajadores se les pide estar preparados para ser autoempresarios, flexibles, adaptables a cualquier tipo de condiciones de trabajo largo o corto que surja cualquier día, a cualquier nivel salarial. Este cambio hacia la nueva norma social de empleo flexible es totalmente consciente y lleva consigo la informalización del trabajo. La nueva norma social de empleo flexible sitúa a los trabajadores en la obligación de aceptar empleos anteriormente atípicos (temporales, a tiempo parcial, “autónomos por cuenta ajena”…) de un modo involuntario y resignado sin posibilidades de regularidad, sin mejoras del salario real, con condiciones de trabajo degradadas (jornadas larguísimas, horas extras informales, ritmo intensísimo…) y sin posibilidad de reclamar la aplicación real de sus derechos legales.
Ésa es la situación en la que estamos: El empleo sigue siendo fundamental, todos los elementos de trayectoria vital se siguen conformando a partir de la idea de empleo, pero se están conformando a partir de la idea de mal empleo o de malos empleos; es decir, que las conductas son conductas adaptativas, de carácter defensivo; y que, en buena medida se han asumido como “normales”. La transformación sufrida implica la precarización intensa de la norma social de empleo que, con la premisa de la flexibilidad empresarial y social, sitúa en situaciones de vulnerabilidad a segmentos cada vez mayores de nuestras sociedades.
En la actualidad la sustitución para grupos numerosos de la sociedad de la norma social de empleo keynesiana de integración y cohesión social por una norma de empleo precarizada y favorecedora de la vulnerabilidad parece construir un mercado de trabajo que solo admite precariamente a los más jóvenes y trata de rechazar tempranamente a los más mayores dando lugar a una economía supuestamente más competitiva, flexible y productiva a cambio de una sociedad inestable, frágil y con una creciente inseguridad individual y colectiva, en una suerte de “surización” de las sociedades del norte.
Para los jóvenes la norma social de empleo flexible tiene como principal consecuencia una profunda incertidumbre que se traslada a cuestiones tan vitales como la independencia económica, la administración del tiempo libre o del ocio, o las relaciones sociales y de pareja, que supone en definitiva un involuntario “alargamiento” de la juventud.). Destaca dentro de este panorama, los efectos de la norma social de empleo flexible sobre la profesionalidad y la cualificación. En las empresas se presentan exigencias específicas para el desarrollo de la función laboral. Es la cualificación que efectivamente cada trabajador pone en juego en su puesto de trabajo (cualificación efectiva) la que responde a esas exigencias. La alternancia de periodos de empleo y desempleo impiden la seguridad en la reproducción de las cualificaciones al estar los trabajadores adscritos a empleos de profesionalidad bloqueada y descualificados que les impiden mejorar sus competencias laborales y acceder a empleos más cercanos a los espacios de integración social, lo que les lleva a sufrir una trayectoria laboral discontinua, fragmentada, incierta y caótica, impidiéndoles también la acumulación de experiencia y “saber-hacer”, el aprendizaje y el desarrollo de competencias de resolución creativa de problemas, útiles para las empresas.
Otro de los procesos que ha caracterizado las mutaciones productivas implantadas en las empresas en las últimas décadas ha sido la continua externalización de fases del proceso productivo hacia el exterior de las empresas, que subcontratan procedimientos de fabricación que anteriormente realizaban internamente. La externalización se justifica nuevamente por las ganancias en flexibilidad frente a ciclos recesivos, permitiendo reducir costes y forzar la competencia por el pedido entre las empresas subcontratadas. Se explica por tanto la externalización como una “división del trabajo entre empresas” que construyen redes de subcontratación diseminadas por el territorio. Al analizar cómo se diseña y gestiona la externalización productiva, es imprescindible distinguir entre las empresas que diseñan la red y el proceso global, “empresas, cabeza”; y las empresas subcontratadas, “empresas mano”, ya que ambas presentan diferencias en términos del trabajo y empleo que ofrecen. Las empresas cabeza se caracterizan por concentrar los procesos de fabricación de mayor valor añadido en la cadena total del valor que incorpora el producto (diseño, I+D, comercialización…) lo que suele requerir recursos humanos más cualificados y con mayores competencias, con aceptables condiciones de trabajo y empleo para sus trabajadores. Las empresas mano concentran las tareas más descualificadas dentro de la cadena de valor, en competencia con otras empresas mano por reducir costes y aumentar calidad, lo cual implica trasladar a sus trabajadores condiciones de trabajo degradadas y basadas en puestos de trabajo con ritmos intensificados y taylorizados. En definitiva, la flexibilidad de una empresa suele descansar sobre la rigidez que se impone al último eslabón de la cadena, eslabón que se encuentra en aquellas economías, sociedades o territorios donde menos derechos laborales, menos retribuciones y capacidad de oposición poseen las trabajadoras y trabajadores.
